El Supremo acaba de cortocircuitar para varios años, si no lo ha hecho de manera definitiva, la recuperación del valle pirenaico del Ara, el mayor de los ríos salvajes de la cordillera y convertido en emblema de la oposición a los pantanos: sobrevivió, tras sufrir una intensa despoblación, a la amenaza de construcción del embalse hidroeléctrico de Jánovas, descartado por su grave impacto ambiental en 2001, medio siglo después de ser aprobado.
La Sección Cuarta de la Sala Tercera del tribunal ha convertido en agua de borrajas la eventual participación del Gobierno central en la recuperación del pueblo abandonado y de su valle al rechazar la petición del Ayuntamiento de Fiscal (Huesca) para no suspender la tramitación del recurso que presentó contra el Plan Hidrológico del Ebro (PHE), que pospone hasta 2028 el inicio de cualquier actuación en el valle por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
La decisión del Supremo, que alega que no puede retomar el pleito por afectar al mismo real decreto que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido ante el Constitucional –en este caso por rechazar el Plan del Júcar-, conlleva que, en la práctica, el Gobierno central no moverá ficha antes de que el próximo 17 de marzo caduque la evaluación ambiental estratégica que avala el plan de restitución del valle.
Es decir, que, como en Toledo ven con malos ojos los planes de la ministra Isabel García Tejerina para el Júcar, el valle del Ara resulta condenado al abandono. Todo, con una sanción de 300 euros para el ayuntamiento de Fiscal, que puso sobre la mesa el hecho de que el PHE “no prevé una dotación presupuestaria específica hasta el año 2028 para el Plan de Desarrollo Sostenible que ha de llevarse a cabo en el entorno territorial afectado por la inejecución del proyecto de embalse de Jánovas”.
Métodos terribles, pueblos despoblados
Jánovas se convirtió en uno de los lugares emblemáticos de la oposición a la construcción de pantanos en zonas de montaña durante el franquismo después de que este avalara en 1951 los planes de Iberduero para construir en el valle del Ara una presa –de 548 millones de metros cúbicos en su mayor versión- que inundaría ese pueblo, entonces habitado por un millar de personas, y los cercanos de Lavelilla y Lacort.
Tres décadas después, cuando en 1984 la familia Garcés decidió trasladarse, los tres quedaban desiertos, víctimas de un proceso que se había llevado de la zona a cerca de 4.000 personas de 40 poblaciones. No era para menos: personal a sueldo de Iberduero volaba con dinamita las casas, con independencia de que las colindantes estuvieran habitadas, en cuanto las familias aceptaban las expropiaciones –el Estado respaldaba un proyecto privado- y las abandonaban.
Las prácticas de la compañía eléctrica vasca incluyeron en febrero de 1966 el cierre de la escuela de Jánovas, capital del valle, mediante un terrible procedimiento: sacar de los pelos a la maestra, delante de sus alumnos, mientras un empleado le recordaba que había incumplido su orden de no volver a abrirla.
La tenacidad de los antiguos vecinos
En 1993 comienza una batalla judicial y administrativa que terminarían ganando los antiguos vecinos de Jánovas, que empiezan a plantear la posibilidad de declarar caducada la concesión para explotar la central eléctrica del embalse y de reclamar la reversión de las propiedades que les fueron expropiadas.
Ese mismo año, en el que la concesión para explotar el embalse pasaría a manos de ERZ –luego absorbida por Endesa-, Iberdrola presenta un nuevo proyecto que requerirá una evaluación de impacto. Ocho años después, en febrero de 2001, el Ministerio de Medio Ambiente descarta la presa “por sus adversos efectos ambientales”.
Desde entonces, la recuperación de Jánovas ha incluido pequeños pasos, como la resolución de medio centenar de peticiones de reversión presentadas por otras tantas familias, aunque hay una cifra superior pendiente ante el desacuerdo entre los vecinos y Endesa; la recuperación del edificio de la escuela como local social y el inicio de las obras en otras tres casas por antiguos habitantes y sus descendientes y, también, la recolección de las dos primeras cosechas en cuatro décadas.
Declaraciones oficiales y abandono efectivo
Sin embargo, las administraciones llevan otro ritmo. Por una parte, la consejería de Vertebración del Territorio que dirige José Luis Soro (Cha) ha acelerado los trámites administrativos necesarios para recuperar la zona y hace unas semanas entregó al Ayuntamiento de Fiscal 40.000 euros para mejorar las tierras de labor de la zona.
Por otra, las Cortes de Aragón mostraban de manera unánime “su inequívoco apoyo político a los vecinos de Jánovas, Lavelilla y Lacort en sus reivindicaciones y, más en concreto, en la reversión justa de sus casas y fincas”, al tiempo que reclamaban al Gobierno central “que lleve a cabo la elaboración de un plan de Desarrollo Rural Sostenible de Jánovas a través de un proceso de participación público, donde se cuente con la opinión de los afectados, para concretar las actuaciones viables que permitan la pronta restitución del territorio afectado”.
Sin embargo, y posicionamientos políticos al margen, la realidad es que el Gobierno de Aragón PP-Par paralizó en 2014 la ejecución de un plan de restitución que contemplaba inversiones por 25 millones de euros y que el ejecutivo central no prevé poner en marcha ninguna iniciativa de ese tipo, si lo hace, antes de que hayan pasado doce años
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